Video.- Banda criminal ligada al narcotráfico aterroriza comunidades en Dajabón: denuncian complicidad de autoridades
Por Santiago Ureña
Dajabon.- En un escalofriante suceso que ha sacudido las comunidades de Partido y El Pino, en la provincia de Dajabón, se expone la operación de una banda criminal dedicada al tráfico de drogas, cuya influencia alcanza hasta la comunidad de Los Indios. La organización no solo distribuye sustancias ilícitas libremente, sino que también recurre a métodos brutales para mantener su control en la región, según denuncias de los residentes.
Tortura y asesinato de joven conmociona a la población
Carlos Antonio Rodríguez, de 20 años, fue encontrado sin vida en unos matorrales a orillas de la carretera que conecta a la comunidad de Los Indios con Partido. El cuerpo del joven presentaba signos evidentes de tortura, en un video que circula en redes sociales y que ha causado indignación. El médico legista, Dr. Manuel Guzmán, confirmó que la causa de muerte fue asfixia.
El asesinato de Rodríguez no es un hecho aislado. Testimonios de los comunitarios señalan que esta banda utiliza el terror para evitar que alguien se atreva a denunciarlos. Además, aseguran que la organización paga sobornos a miembros de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD), la Policía Nacional y la DICRIM, lo que les permite operar con total impunidad.
Comunidad clama por justicia
Residentes de los municipios de Partido y El Pino han alzado la voz en múltiples ocasiones para denunciar las actividades de esta banda. Aseguran que en estas localidades la droga se vende abiertamente, afectando gravemente la vida de los jóvenes y aumentando los niveles de criminalidad. Sin embargo, hasta ahora, las denuncias parecen caer en saco roto.
«Nos sentimos desprotegidos. Nadie está seguro. Vemos cómo esta banda hace lo que quiere, y las autoridades no actúan porque están compradas», expresó un líder comunitario que pidió el anonimato por temor a represalias.
Autoridades en el ojo del huracán
La falta de acción por parte de las autoridades ha llevado a que crezca la percepción de que existe complicidad directa. En varias ocasiones, se ha señalado que miembros de las fuerzas del orden y organismos antidrogas reciben pagos regulares para permitir el tráfico de sustancias ilícitas en la zona.
Aunque las autoridades locales han prometido investigaciones exhaustivas, los comunitarios demandan acciones contundentes e inmediatas para desmantelar esta red criminal y llevar justicia a la familia de Rodríguez.
Este caso evidencia una realidad preocupante en diversas zonas rurales de la República Dominicana, donde las bandas criminales aprovechan la debilidad institucional y la corrupción para expandir sus operaciones. La población exige no solo respuestas judiciales, sino también políticas públicas efectivas que prioricen la seguridad y el bienestar de los ciudadanos.
Mientras tanto, los comunitarios aseguran que no se rendirán y continuarán denunciando hasta que se haga justicia para Carlos Antonio Rodríguez y se devuelva la tranquilidad a Partido, El Pino y otras comunidades afectadas.
