«Conflicto por Invasión de Terrenos en La Guáyiga Culmina en Operativo de Desalojo con Respaldo de la Policía Nacional»
Por Santiago Ureña
En el Distrito Municipal La Guáyiga, en Pedro Brand, provincia Santo Domingo, un operativo de desalojo realizado por la Policía Nacional puso fin a una situación que había generado tensiones sociales y legales en la zona. La intervención ocurrió tras denuncias de propietarios sobre grupos que invadían terrenos privados, los subdividían y los vendían como solares, creando un problema de usurpación y desorden en la comunidad.
Orden de desalojo. 26112024_001[79]
El desalojo, llevado a cabo bajo instrucciones del General Eduardo A. Escalante Alcántara, director regional de la Policía Nacional, y supervisado por el Coronel Jofre S. Guzmán Camilo, contó con el apoyo de agentes legales y de seguridad.
Entre ellos, el Mayor Euris Olivero Encarnación, encargado del Departamento I de Asuntos Legales, y el Alguacil Jerry de los Santos, quienes garantizaron la legalidad del proceso en la Parcela No. 47 del D.C. No. 31, correspondiente a la empresa VERPOL, S.R.L.
Base Legal del Operativo
El operativo se realizó en cumplimiento de la disposición del Poder Ejecutivo, mediante el decreto 668-22, que faculta a la Policía Nacional a prevenir y perseguir delitos de ocupación ilegal de terrenos. Además, contó con resoluciones del Abogado del Estado y múltiples solicitudes de auxilio de la fuerza pública, reiteradas desde mayo de 2024.
Los propietarios afectados, con títulos certificados desde 2016, denunciaron que grupos organizados habían tomado los terrenos y comenzado su venta, lo que generó conflictos sociales y económicos en la zona. Según los afectados, la venta irregular de estos solares fomentaba asentamientos improvisados, falta de servicios básicos y un clima de inseguridad.
Por otro lado, algunos residentes que ocupaban los terrenos alegaron no tener conocimiento del estatus legal de las parcelas al momento de adquirirlas y solicitaron al gobierno soluciones habitacionales que les permitan reubicarse dignamente.
El operativo marca un precedente en la lucha contra la invasión de terrenos en el país, un problema que afecta tanto a propietarios como a comunidades. Las autoridades reafirmaron su compromiso de hacer cumplir la ley y proteger los derechos de los legítimos dueños de propiedades. Sin embargo, el conflicto social evidenciado en este caso resalta la necesidad de políticas públicas que aborden la falta de viviendas y la regulación del uso de tierras.
Esta intervención es parte de un esfuerzo continuo por restablecer el orden en zonas afectadas por ocupaciones ilegales y garantizar la seguridad jurídica en el país.
