Diputados del PRM Respaldan Cancelación de Licitación del Tren Metropolitano y Proponen Alianza Público-Privada
Por Santiago Ureña
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SANTO DOMINGO. – Este viernes, los diputados del Partido Revolucionario Moderno (PRM) se pronunciaron en respaldo de la reciente decisión de cancelar el proceso de licitación de las infraestructuras del Tren Metropolitano de Santo Domingo. Los legisladores destacaron su apoyo a la opción de realizar este proyecto bajo una alianza público-privada (APP), que podría garantizar la ejecución de la obra mediante la Ley de Alianzas Público-Privadas (Ley 47-20) y la Ley de Compras y Contrataciones (Ley 340-06).
El diputado Sandro Sánchez, representante de la circunscripción número 5 de la provincia Santo Domingo, señaló que una alianza público-privada representa la “mejor alternativa” para dar continuidad a los planes de infraestructura en el país. Sánchez argumentó que, ante la decisión del gobierno de no avanzar con una reforma fiscal, el Estado necesita explorar nuevas vías de financiamiento y ejecución de proyectos clave sin aumentar la carga económica del presupuesto nacional.
La propuesta de utilizar una alianza público-privada para el Tren Metropolitano es vista por algunos expertos como una medida que podría potenciar el desarrollo y reducir los gastos directos del Estado en el proyecto. Estas alianzas permiten que el sector privado asuma un papel preponderante en la construcción y operación de infraestructuras, al tiempo que el gobierno se enfoca en la regulación y la garantía del acceso a los servicios para la ciudadanía.
Sin embargo, la implementación de este tipo de alianzas en proyectos de infraestructura tan grandes conlleva desafíos y riesgos.
Por un lado, se asegura que el sector privado participe en la inversión y gestión de la obra, pero, por otro, existe preocupación sobre la transparencia del proceso y la posibilidad de que los costos se trasladen a la ciudadanía mediante tarifas o peajes.
El diputado Sánchez enfatizó que, bajo la Ley 47-20, es posible establecer mecanismos de control y transparencia para garantizar que la ciudadanía reciba los beneficios prometidos. Según él, la ley ofrece un marco de seguridad jurídica que no solo atrae inversionistas, sino que también protege los intereses del Estado y de los usuarios.
El proyecto del Tren Metropolitano de Santo Domingo es uno de los planes de infraestructura más ambiciosos de la administración del presidente Luis Abinader y busca mejorar la movilidad urbana en el Gran Santo Domingo, una región que enfrenta un grave problema de congestión vial. La cancelación de la licitación pública inicial generó controversia, ya que algunos sectores esperaban que la obra fuera financiada enteramente por el Estado para garantizar accesibilidad.
Para los diputados del PRM, la decisión de optar por una alianza público-privada no solo garantiza la ejecución del tren metropolitano, sino que también permite que el Estado gestione recursos con mayor eficiencia. En su intervención, Sandro Sánchez explicó que esta modalidad es una alternativa viable ante las limitaciones presupuestarias que enfrenta el gobierno.
Reacciones en el Congreso y entre la Ciudadanía
Las declaraciones de los diputados del PRM han recibido apoyo de algunos sectores del Congreso, quienes ven la alianza público-privada como una solución pragmática.
Sin embargo, también existen voces que expresan dudas, señalando que la participación del sector privado en el proyecto debe ser regulada estrictamente para evitar que las tarifas del servicio se conviertan en un obstáculo para los usuarios de menores ingresos.
Grupos de la sociedad civil han solicitado mayor transparencia en el proceso de negociación de la alianza y han pedido que se considere la participación ciudadana en las decisiones relacionadas con el proyecto. “Este tren es una necesidad para el desarrollo de la movilidad de Santo Domingo, pero no queremos que se convierta en un servicio de lujo inaccesible para la mayoría”, afirmó María López, líder de un movimiento social en Santo Domingo.
Reforma Fiscal
La cancelación del proyecto de reforma fiscal dejó al gobierno con el desafío de financiar sus principales proyectos de infraestructura, entre ellos el tren metropolitano, sin aumentar los impuestos. La alianza público-privada aparece como una solución ante esta situación, ya que permite al Estado delegar parte de los costos a inversionistas privados.
No obstante, economistas advierten que las alianzas público-privadas no son una solución mágica. Si bien permiten reducir el gasto público inicial, los compromisos financieros a largo plazo y las responsabilidades compartidas pueden resultar costosos si no se gestionan adecuadamente. Además, recalcan que cualquier iniciativa debe prever mecanismos de rendición de cuentas y de supervisión que garanticen la integridad del proceso.
La propuesta de los diputados del PRM para ejecutar el proyecto del Tren Metropolitano de Santo Domingo bajo una alianza público-privada ha generado debate y ha puesto de relieve la necesidad de explorar vías de desarrollo alternativo sin comprometer la accesibilidad de los servicios públicos.
Para los habitantes de Santo Domingo, la ejecución de este proyecto de transporte masivo representa una esperanza para reducir el congestionamiento vial y mejorar la calidad de vida en la ciudad, siempre y cuando se garanticen tarifas accesibles y una gestión transparente.
La decisión final sobre el futuro del Tren Metropolitano y su modelo de financiación marcará un precedente importante en la política de infraestructura del país y en la relación entre el Estado y el sector privado en proyectos de alto impacto social.
