Denuncian Despojo de Terrenos en La Guáyiga por Parte del CEA para Beneficiar a Empresarios: Familias Afectadas Claman por Justicia
Reportaje Por Santiago Ureña
PEDRO BRAND.- En la comunidad de Yaco, La Guáyiga, municipio de Pedro Brand, decenas de familias y un grupo de ingenieros agrónomos han sido afectados por el despojo de terrenos que, según denuncias, fueron tomados de manera ilegal por el Consejo Estatal del Azúcar (CEA) y entregados a empresarios identificados únicamente como Savinón. Los afectados acusan a las autoridades de actuar sin previo aviso y denuncian que sus viviendas fueron demolidas para favorecer a una empresa extranjera, en lo que consideran un caso grave de abuso de poder y corrupción.
Junior Ramírez, «El Grande» y vocero de los desalojados, denunció que la operación ha dejado a muchas personas sin hogar y sin los terrenos que compraron legítimamente. «Nos sacaron sin previo aviso, con máquinas que destruyeron nuestras casas y nos dejaron sin un techo. Hemos acudido a las autoridades, pero no hemos recibido ninguna respuesta. Por eso pedimos al presidente de la República que intervenga y ponga fin al robo al Estado. Estamos dispuestos a llevar el caso al PEPCA (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) porque hay funcionarios involucrados que deben ser investigados», afirmó Ramírez.
Según las denuncias, el desalojo fue llevado a cabo con el uso de equipos pesados y sin ninguna notificación formal previa a los ocupantes, quienes aseguran ser propietarios legítimos de los terrenos. Los afectados señalan que estas acciones violan sus derechos y atribuyen la responsabilidad directa a un entramado en el que estarían implicados funcionarios del gobierno actual, encabezado por el presidente Luis Abinader. Los desalojados acusan a estos funcionarios de facilitar la transferencia de los terrenos para la venta a inversionistas extranjeros en condiciones poco transparentes.
El caso ha generado indignación en la comunidad y ha encendido las alarmas sobre la transparencia de los procesos de manejo de tierras por parte del CEA. Las personas afectadas exigen una investigación exhaustiva por parte de las autoridades competentes, alegando que detrás de este despojo hay intereses económicos que prevalecen sobre los derechos de los ciudadanos. Asimismo, han manifestado su disposición de llevar el caso ante las instancias legales, como la PEPCA, para que se esclarezcan las responsabilidades y se castigue a quienes resulten implicados en el presunto fraude.
Este conflicto pone en el centro del debate el uso y la gestión de los terrenos del Estado, así como la necesidad de gara
ntizar que los derechos de los ciudadanos sean respetados frente a posibles abusos por parte de las autorid
ades y empresarios. La comunidad afectada en La Guáyiga ha hecho un
llamado al presidente Luis Abinader para que intervenga personalmente en el caso y garantice justicia, previniendo la venta de estos terrenos a inversionistas hasta que se resuelva la situación legal de las familias desalojadas.
El despojo de terrenos en Yaco es un reflejo de un problema recurrente en el país, donde los conflictos por tierras y la falta de claridad en la titularidad de las mismas son aprovechados para llevar a cabo operaciones cuestionables. Este caso particular pone de relieve la importancia de una reforma en la administración de los bienes del Estado y la necesidad de una mayor vigilancia para evitar que se repitan situaciones similares.
La denuncia de Ramírez y las demás familias afectadas ha resonado en distintos sectores, exigiendo una respuesta rápida y contundente de las autoridades para proteger los derechos de los ciudadanos, evitar el despojo arbitrario y asegurar la transparencia en la gestión de los terrenos del Estado.
